Mi Apelación en Italia

Traducción del post de Peter Fleischer 20121206

Mis colegas en Google David Drummond, George De Los Reyes (ahora jubilado) y yo mismo resultamos condenados en Milán, Italia, en 2010 por infringir la ley italiana de privacidad. Hemos apelado frente a estas condenas. La primera vista de la apelación se celebró en Milán el 4 de diciembre. Yo asistí personalmente a la audiencia. La próxima audiencia tendrá lugar el 11 de diciembre. Quiero describir esta apelación, y las facetas más amplias que están en juego en esta apelación, desde mi perspectiva personal.

Ante todo, una revisión de los hechos: en 2006 unos estudiantes de un instituto de Turín filmaron y después subieron un vídeo a Google Video en el que aparecían acosando a un compañero de colegio que era autista. Google Video era el predecesor de YouTube. El vídeo era totalmente reprensible y violaba los terminos y condiciones de servicio de Google Video. Google lo quitó a las pocas horas de ser notificado por la policía italiana de la presencia de este vídeo ofensivo; congruentemente con su política de quitar cualquier contenido que viole los términos y condiciones del servicio. Por supuesto, Google tenía unas políticas claras y unos procedimientos instaurados para garantizar que el contenido objetable fuese tratado de manera expeditiva y efectiva. Google también colaboró con la policía local para ayudar a identificar a la persona responsable de la subida y ella fue posteriormente condenada a 10 meses de servicio a la comunidad por un tribunal de Turín. Varios otros compañero que estaban implicados, así como el profesor que no detuvo la conducta ofensiva, fueron disciplinados también.

En estos raros pero desagradables casos, ahí acabaría normalmente la implicación de Google. Conforme a la ley europea, albergar plataformas que no crean contenido, como por ejemplo Google Video, YouTube, Bebo, Facebook, e incluso los tableros de noticias universitarios, no son legalmente responsables por el contenido que otros suban a estos sitios. Pero en esta instancia, un fiscal de Milán decidió acusarnos penalmente de difamación y de incumplimiento con el código de privacidad italiano. Ninguno de nosotros, sin embargo, tuvo nada que ver con este vídeo. No aparecíamos en él, ni lo filmamos, ni lo subimos ni lo revisamos. Ninguno de nosotros conoció a las personas implicadas y ni siquiera supimos de la existencia del vídeo hasta después de que fue borrado.

Sin embargo, en 2010 un juzgado de Milán nos declaró culpables a los tres de incumplimiento del código de privacidad italiano y nos sentenció a seis meses de cárcel en suspensión. Todos nosotros fuimos absueltos de difamación penal. Esta decisión judicial significa que los empleados como nosotros de las plataformas de albergue pueden ser responsables penalmente por contenido que los usuarios suban, por más que ellos no tengan el menor conocimiento de tal contenido. Ahora estamos apelando esta decisión extraordinaria tanto para limpiar nuestros nombres como porque esta representa un serio malentendido de la ley de privacidad online y una amenaza a la libertad en Internet. La ley de la Unión Europea da una protección a los proveedores de alojamiento frente a responsabilidad, siempre que borren el contenido ilegal una vez que sean notificados de su existencia; para proporcionar protección a los proveedores de alojamiento y sus empleados en exactamente esta circunstancia. Dejar de lado este importante principio y atacar las mismísimas libertades sobre las que se edifica Internet, amenaza la continua disponibilidad de sitios que acepten contenido generado por el usuario.

Aunque nosotros fuimos condenados por violar la privacidad del estudiante, fueron los acosadores los que grabaron el vídeo y lo subieron al sitio, infringiendo así las representaciones que habían hecho a Google sobre el contenido del vídeo. Son estos acosadores los que deberían ser vistos como responsables (y ya lo han sido) por incumplir sus obligaciones bajo la ley de privacidad.

La Directiva de Comercio Electrónico de la Unión Europea, promulgada en 2000, establece un marco legal claro para establecer la responsabilidad por el contenido ilegal en Internet. Impide la responsabilidad de quienes meramente proporcionan el foro para compartir vídeos generados por los usuarios, trazando una línea clara entre aquellos que desarrollan y controlan contenido para Internet, y quienes en su capacidad de intermediarios tecnológicos proporcionan los medios y las herramientas para hacer que este contenido esté disponible públicamente.

Mediante el establecimiento de una seguridad jurídica y la creación de un único estándar de ámbito europeo, la directiva de Comercio Electrónico posibilita el desarrollo de plataformas abiertas que promueven la libertad de expresión a una escala sin precedentes y ha jugado un papel crucial en acelerar el rápido crecimiento de Internet y el desarrollo de la nueva economía en Europa.

¿Cómo funciona la prescripción del Comercio Electrónico en la vida real? Pongamos que un usuario de Internet sube un vídeo repleto de violencia o de incitación al odio ilegal. Cuando se notifica este contenido ilegal a la plataforma de alojamiento esta está obligada a retirarlo. La plataforma de alojamiento, sin embargo, no está obligada a revisar e impedir la subida. El culpable es el usuario de Internet que postea ese contenido. En este caso, Google hico exactamente lo que requiere la directiva de Comercio Electrónico: retiró el contenido tras la notificación, y adoptó posteriores medidas para cooperar con las solicitudes de cumplimiento de la ley, ayudando a poner a los culpables a disposición de la justicia.

Si Google y similares compañías fueran responsables de cada una de las piezas de contenido de la web, el Internet como lo conocemos hoy en día, y todos los beneficios sociales y económicos que comporta, no podría continuar. Sin una protecciones apropiadas ninguna empresa ni sus empleados estarían inmunes: cualquier texto potencialmente difamatorio, o imagen inapropiada, mensaje de acoso, o vídeo en el que aparezcan terceros, tendrían la capacidad potencial de cerrar la plataforma que inadvertidamente lo hubiera albergado.

Google y otras plataformas de alojamiento de Internet requieren seguridad jurídica respecto a su responsabilidad. Al crear retroactivamente nuevas obligaciones para las plataformas de alojamiento, y conexionando responsabilidades penales a los empleados como nosotros, esta condena desestabiliza la seguridad jurídica.

El razonamiento de la sentencia sujeta a los proveedores de alojamiento y sus empleados a unos estándares imprecisos y progresivamente más altos conforme avance la tecnología. ¿Qué nuevas obligaciones legales podrían imponerse en el próximo caso ante un tribunal penal? Es esta incertidumbre la que amenaza la libertad en Internet. En sus líneas finales el propio juez aborda esta peligrosa posibilidad: “No hay duda de que la asombrosa velocidad con la que la tecnología está avanzando permitirá a los administradores de los sitios web controlar la subida de contenidos”. Y continúa “La existencia de filtros de pre-pantalla cada vez más sofisticados conllevará una gran responsabilidad para los operadores. La responsabilidad penal (negligente o dolosa según el caso) por omitir la ejecución de los chequeos será mucho más fácil de establecer”. Por bien que esto pueda ser el punto de vista del juez, no era esta la visión del Parlamento Italiano cuando implementó las directivas comunitarias que proporcionan protección a los intermediarios de alojamiento como Google. No compartimos la visión del juez de un futuro Internet donde las empresas supervisan y visionan todo el contenido subido por sus usuarios y determinan unilateralmente lo que vaya a estar disponible para compartir con otros.

Al perseguir penalmente a personas como nosotros que no estábamos relacionados con el vídeo en cuestión, este caso supone un precedente peligroso. Pretender condenas penales contra los empleados simplemente porque trabajen para una compañía que proporcione una plataforma de alojamiento es una perspectiva heladora, y amenaza tener un impacto sustancial sobre el futuro desarrollo de Internet.

Los verdaderos culpables, los adolescentes que acosaron a su compañero y subieron el vídeo de eso, y el profesor que permitió que ocurriera ya han sido identificados y castigados. El asunto entero debería acabar ahí.

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¿Deberías borrar tus huellas frente al espionaje gubernamental?

Traducción del post de Peter Fleischer 20121126

La mayoría almacenamos un montón de cosas en la nube. Por ejemplo, la mayoría guardamos montones de viejos emails en la nube, por cuanto el almacenaje es gratis, son fácilmente recuperables, y siempre es posible que esos viejos correos puedan sernos útiles algún día. De hecho, hay un montón de razones prácticas para conservar para siempre cosas como viejos correos. Pero vale la pena emplear un momento para considerar el riesgo de los gobiernos puedan acceder a datos que tú has elegido conservar.

 Los gobiernos son una categoría especial, puesto que pueden sencillamente aprobar leyes para otorgarse el derecho de acceder a los datos. Algunas de estas leyes están salvajemente desfasadas, y simplemente ya no son adecuadas para su propósito; en concreto la ley estadounidense de 1986 denominada Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas.  Desde hace ya algunos años, ha habido muchas peticiones al Congreso para que actualice estas leyes. Quizás el escándalo Petraeus dará a este movimiento un nuevo ímpetu, puesto que el debate sobre la privacidad suele avanzar solamente cuando a los abstractos conceptos de privacidad se les da un rostro humano y una historia con la que la gente pueda simpatizar.
Como usuario normal del E-mail, es justo que me pregunte si existe algún riesgo razonable de que un gobierno pudiera estar interesado en acceder a mis emails. Al fin y al cabo la mayoría de nosotros nos somos el Director de la CIA ni cibercriminales. Desde el punto de vista de la libertades civiles es importante para todos tener algún sentido del equilibrio entre la privacidad y la inspección que el gobierno ha elegido. Como usuario, quiero saber cuáles son los gobiernos que están accediendo a los datos, y con qué frecuencia. Sé que las mediciones que se publiquen serán imperfectas, pero quiero tener más trasparencia, de modo que yo pueda tomar mis propias decisiones, como usuario y como ciudadano.

Visto desde una perspectiva global, es importante darse cuenta de que la mayoría de los gobiernos alrededor del mundo están accediendo a datos de usuarios. No es sólo uno o dos gobiernos. No puedo contar las veces que abogados de privacidad en Europa han advertido a los usuarios que el gobierno estadounidense podría potencialmente acceder a sus datos en la nube; sin mencionar el riesgo de que sus propios gobiernos podrían hacer lo mismo. De hecho, por poner el ejemplo de Francia, el gobierno francés está tratando de lanzar una “nube francesa”, explícitamente para intentar evadir la inspección del gobierno estadounidense, a pesar de que esta iniciativa financiada con dinero de los contribuyentes está basada en “asunciones erróneas sobre la computación en la nube y la Ley Patriota”, y también a pesar de que, como se ha informado en ZDNet: la propia ley antiterrorista francesa “hace que la Patriot Act parezca a su lado como un simple juego de niños”. Yo creo que es justo asumir que la mayoría de la gente estaría mucho más incómoda si los que accedieran a sus datos fueran gobiernos extranjeros en vez de los suyos propios. Eso apunta a uno de los temas más peliagudos en la nube; esto es, que múltiples gobiernos puedan tener poder (y lo tienen) para exigir acceder a los datos de usuarios, si siguen los procedimientos legales apropiados.
A la luz de todo esto, creo que es un imperativo ético que las empresas que tengan confiados datos de usuarios publiquen estadísticas sobre las solicitudes gubernamentales de acceso a datos de usuarios. Muchas empresas de internet están ahora publicando datos sobre todo esto, además de Google que fue la que comenzó esta tendencia de informar sobre solicitudes gubernamentales de acceso a datos. Yo te animo encarecidamente a que le eches un vistazo a estas estadísticas, que podrían sorprender algunas de tus antiguas intuiciones sobre cuáles gobiernos son los más activos intentando acceder a datos de usuarios. Otras empresas también han comenzado a publicar estadísticas:  Dropbox, LinkedIn, Sonic.net y Twitter. Pero la mayoría de las empresas todavía no están publicando tales estadísticas.

Muchas empresas están fallando a sus usuarios ahora. La Fundación Frontera Electrónica presentó un ranking de empresas: “Cuando el gobierno aporrea en tu puerta, quién te respalda?”  Hay un montón de grandes nombres en esa lista que están haciendo muy poco para proporcionar transparencia a sus usuarios.

Mientras tanto, como usuarios, todos nosotros tenemos que decidir si queremos conservar miles de viejos emails en nuestras bandejas de entrada en la nube. Es gratis y conveniente conservarlos. Las estadísticas publicadas por algunas empresas parecen confirmar que el riesgo de que los gobiernos intenten acceder a nuestros datos es extremadamente remoto para la “gente normal”. Pero las leyes, como la citada Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas, que tienen la intención de proteger la privacidad de nuestros antiguos emails, son obsoletas y están llenas de agujeros. Tú decides: conservar o borrar. Yo soy pragmático, no soy un paranoico, pero personalmente he adoptado el hábito de borrar casi todos mis emails diarios, excepto aquellos que deseo conservar para el futuro. Como la regla de mi club de tenis: “Barrer la cancha después de jugar”.

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